El Registro Unico de Desarmaderos como herramienta para combatir el robo de automotores,
el fortalecimiento del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito para
conseguir políticas nacionales destinadas a lograr que no tengan licencia
para manejar quienes no están habilitados para ello y la creación
de un grupo de trabajo para buscar soluciones a la problemática que produce
la actual implementación de embargos preventivos sobre las aseguradoras
fueron los temas principales de la disertación del ministro de Justicia
y Derechos Humanos, Alberto Iribarne, en la apertura del Foro Nacional del Seguro
2007, en su cuarta edición, desarrollada los días 28 y 29 de agosto
en el Hotel Panamericano de la Ciudad de Buenos Aires y organizada por la Asociación
Argentina de Productores Asesores de Seguros (AAPAS) y por las publicaciones especializadas
Mercado Asegurador y Todo Riesgo.
En el acto inaugural, que contó con más de 1.500 asistentes, expuso
también por la Superintendencia de Seguros de la Nación, Adriana
Barreira, quien destacó que el organismo de control se encuentra en un
proceso de cambio que implicará la redefinición de sus objetivos.
Además, anticipó que se avecinan modificaciones trascendentales
en las políticas de requerimiento de capitales mínimos al sistema
sobre la base de los criterios de “capital basado en riesgo” que surgen
del proyecto conocido como “Solvencia II”, que se aplica en la Unión
Europea.
En cuanto al Registro Unico de Desarmaderos, cuya creación se dispuso a
fines de 2006, Iribarne subrayó que “está orientado a supervisar
la compraventa de partes correspondientes a vehículos usados que deberán
ser identificadas cada una de ellas con obleas que garanticen su origen legítimo”.
Pero admitió que nada se gana con estas herramientas si la Policía
y la Justicia no juegan su papel en el combate del delito.
Respecto del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, el funcionario
señaló que está integrado por quince jurisdicciones (catorce
provincias más la Ciudad de Buenos Aires) y se espera pronto la adhesión
de la provincia de Buenos Aires. Iribarne expresó que uno de los objetivos
es “conformar un sistema nacional que permita regular el acceso al registro
con el establecimiento del sistema por puntajes que determine una calificación
para el conductor”. Y agregó que “no puede existir un lugar
en la Argentina donde se emita una licencia a una persona que está inhabilitada
para manejar por una orden judicial”.
En relación con el grupo de trabajo que analizará el bloqueo a la
actividad aseguradora que hoy imponen los embargos preventivos de la Justicia
que paralizan por momentos todas las cuentas de las aseguradoras sin que siquiera
se determine que les corresponde a ellas pagar la indemnización, Iribarne
destacó que su conformación respondió a la preocupación
que le hicieran llegar los organizadores del Foro y que sería conformado
con la participación de representantes de los tres poderes del Estado y
del sector privado.
Cámaras
Con respecto al ejercicio cerrado a junio de este año, Francisco Astelarra,
presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros
(AACS), destacó que “el ramo automotores terminó con una
pérdida de 1.000 millones de pesos, que equivalió al 16,5 % de
las primas devengadas. Si esto se compara con los resultados del ejercicio anterior,
se han más que duplicado las pérdidas, ya que en 2006 alcanzaron
los 485 millones de pesos, que representaron alrededor del 12 % de las primas
devengadas”. Además, el directivo hizo hincapié en la evolución
y en la intensidad de la frecuencia siniestral.“Según la consultora
Ernst & Young, desde el año 2003 hasta la actualidad, la frecuencia
siniestral por responsabilidad civil subió más de un 40 %, en
tanto que el monto promedio de los siniestros creció más de un
60 % desde el año 2001 hasta hoy. El aumento de la frecuencia y de los
montos se observa fundamentalmente en los siniestros de RC con lesiones. Además,
los montos pagados en concepto de siniestros aumentaron mucho más que
la prima de seguros”.
En tanto, Claudio Ballerini, presidente de la Asociación Argentina de
Cooperativas y Mutualidades de Seguros (AACMS), manifestó que “en
cualquiera de las actividades del sector tenemos una responsabilidad social
que se debe cumplir y para lograr ese fin se necesitan certezas mediante acuerdos
entre los operadores y el órgano de control”.
En el marco de la resolución 32.080 sobre tarifas, que fue dictada el
25 de junio pasado, Eduardo Felizia, vicepresidente de la Asociación
de Aseguradores Argentinos (ADEAA), dijo que “nuestra Asociación
apoya la resolución, pero con ciertas condiciones. Una objeción
es sobre la composición del premio que la normativa reglamenta. Criticamos
fuertemente este esquema previsto por la Superintendencia. Al eliminar todo
tipo de recargos no sólo se altera una situación que en el tiempo
no trajo ningún problema, sino que además obligará a todo
el mercado a renegociar porque necesariamente habrá alteraciones de comisiones
y de valores”.
En relación con las demandas judiciales contra el sistema de riesgos
del trabajo, Jorge Aimaretti, presidente de la Unión de Aseguradoras
de Riesgos del Trabajo (UART), expuso que “la cantidad de juicios contra
las empresas y las compañías de seguros por temas de accidentes
y enfermedades del trabajo creció un 37,3 % en el primer semestre del
año con relación a igual período de 2006. Entre enero y
junio pasados se iniciaron 6.801 causas y sólo en junio hubo 1.411 demandas,
un 21 % más que un año atrás”. El directivo reiteró
así la preocupación expresada por el sector desde que, hace casi
tres años, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de
tres artículos de la ley vigente desde 1996. Vale recordar que el fallo
que principalmente jaqueó al sistema y lo dejó en una situación
de incertidumbre fue el que dispuso que –contra lo que indica el artículo
39 de la ley– no debe trabarse el acceso de los trabajadores a hacerle
un juicio a su empleador. Desde la UART calculan que este año terminará
con 16.679 nuevos juicios. En 2006 hubo 11.697 causas, una cifra que representó
un aumento del 71 % respecto de 2005 y del 232 % en comparación con 2004.
También expresó su visión sobre la situación del
mercado, Jorge Vignolo, vicepresidente de AAPAS.
Ambiente y turismo
En muchos lugares del mundo, las empresas están cubiertas por aseguradoras
en materia de daño ambiental. En la Argentina, el tema se impuso en la
agenda del Gobierno. En este sentido, la secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Romina Picolotti, aseguró que existen dos resoluciones para
que en el futuro cercano sea obligatorio que todas las compañías
industriales cuenten con un seguro de riesgo ambiental. En este contexto, la
funcionaria afirmó que contar con un seguro ambiental no sólo
implica para el Poder Ejecutivo una alianza estratégica con el sector
asegurador con el objetivo de prevenir el daño ambiental, sino que también
es importante desde el punto de vista económico porque se prevendrán
futuros juicios.
También destacó que “antes de contratar un seguro ambiental,
las aseguradoras deberán realizar evaluaciones de riesgos, que sin duda
ayudarán al área de control. El monto de las primas descenderá
sensiblemente si la empresa realiza una buena gestión ambiental y, como
contrapartida, subirá si la compañía de seguros verifica
que la empresa está realizando una mala gestión ambiental. Finalmente,
entendemos que la compañía para extender la cobertura se cerciorará
de que el asegurado haya tomado medidas preventivas para evitar el daño”.
En conclusión, Picolotti afirmó que “el seguro ambiental
constituye un instrumento económico que permite reconocer desde el sector
privado la verdadera identidad del daño ambiental colectivo”.
Otro tema que concita interés político es el del seguro y el turismo.
En enero pasado se publicó en el Boletín Oficial la ley 26.208
sobre Turismo Estudiantil, que modifica la ley 25.599 dictada por la Secretaría
de Turismo de la Nación, la cual obliga a contratar un seguro para garantizar
el viaje de egresados. La norma tiene como objetivo garantizar la seguridad
física de los estudiantes y que el contrato de la agencia sea cumplido
para que no se frustre ningún viaje. “Es en este punto donde la
Secretaría de Turismo tiene la necesidad de darle forma a esta garantía
de contrato de viaje y por eso establece que Defensa del Consumidor intervenga
en todo lo relacionado con el consumo y la mencionada Secretaría en lo
vinculado con el cumplimiento del contrato”, subrayó María
Rita Kuiyan, representante de la Secretaría de Turismo de la Nación.
Paneles
Además de las autoridades económicas y empresarias, abarcando
en todas sus dimensiones la problemática del sector, expusieron sobre
el “Contexto político”, el politólogo Sergio Berenztein
y sobre el “Contexto económico”, el economista Manuel Sánchez
Gómez. También se abordó el tema de intermediación
de seguros en la actualidad, que estuvo a cargo de Leoncio de Arruda, presidente
de la organización que nuclea a los productores de San Pablo, Brasil.
La actividad del segundo día comenzó con los seguros de riesgo
ambiental y de turismo. En el primer panel participaron Mariana Valls, de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Carlos Crosetto, de
la Superintendencia de Seguros y Walter Polido, director técnico de la Münchener Rück, Brasil.
Por otra parte, el tema vinculado con el turismo y seguros estuvo a cargo de Claudio Landa, de El Comercio, y de Leonardo Botto Alvarez, de la Secretaría de Turismo. La actividad continuó con el panel sobre accidentología vial en el que disertaron Francisco José Mejía, experto colombiano, Fabián Pons, gerente general de CESVI Argentina y Facundo Montenegro,
director técnico de Liberty Seguros. Por último, en seguros de personas y reforma previsional participaron Eneas Collado, gerente general de San Cristóbal Retiro, y Alejandro Vázquez, gerente de Ventas de Seguros de Vida del Grupo Zurich Argentina. |
