Desarmado de automotores y comercialización de repuestos usados: modernización y digitalización del proceso
En estos días, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 536/2025 y sus modificaciones, y la disposición 545/2025 de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA). Este decreto modifica sustancialmente el decreto N° 744/04, que reglamenta la ley 25.761 sobre el desarmado de automotores y la comercialización de repuestos usados. Todas estas acciones tienen como principal motor el de modernizar y digitalizar por completo el proceso, reemplazando los trámites manuales y en papel por un sistema digital y centralizado.
Los cambios clave son:
Digitalización total
Se crea una plataforma digital gestionada por la DNRPA para todo el proceso. Esto incluye la carga del listado de piezas, la emisión del Certificado de Baja y Desarme en formato electrónico y la gestión del legajo digital.
Trazabilidad mejorada
Cada autoparte recuperable recibirá un código identificatorio único y digital generado por el sistema. Hasta hoy, el mismo código era también único, pero impreso en unos stickers que eran de mala calidad y se borraban rápidamente. Esto permite un seguimiento en tiempo real desde el desguace hasta la venta final, facilitando el control por parte de las autoridades.
Simplificación de trámites
Se elimina la obligación de la renovación anual de la inscripción en el Registro Unico de Desarmaderos. También se eliminan requisitos obsoletos como la presentación de fotografías impresas y el uso de etiquetas físicas para identificar las piezas. Con estas decisiones se agiliza la gestión como así también el consumo de materiales nocivos para el ecosistema al ser etiquetas con un alto nivel de plástico en ellas.
Nuevas Obligaciones
– Aseguradoras: deberán exigir el Certificado de Baja y Desarme electrónico antes de pagar indemnizaciones por “destrucción total”. Si bien esto se procedía de esta manera, ahora se incluyó como parte del proceso sine qua non para la liquidación total del siniestro.
– Desarmaderos: deben registrar digitalmente el ingreso de vehículos, tal cual hoy se realiza a nivel analógico. Con este proceso, al momento de la venta, la pieza en cuestión es dada de baja en el registro y, en el caso de ser necesario, se imputará a otro vehículo como, por ejemplo, las puertas. También el desarmadero deberá indicar al registro en el caso que desee momentáneamente cesar temporalmente sus actividades.
Plazos de Implementación
Se establece un plazo de 60 días para que los organismos involucrados (DNRPA y Secretaría de Industria y Comercio) adecúen sus sistemas y dicten la normativa complementaria necesaria.
Modernización
Este decreto representa una profunda modernización regulatoria que pivotea sobre dos ejes fundamentales: seguridad y eficiencia. Abandona un modelo burocrático y físico, propenso a irregularidades, para adoptar un sistema digital, ágil y centralizado.
Eje central: digitalización como herramienta de control
El corazón de la reforma es la implementación de una plataforma digital única. Esta no es sólo una mejora de procesos, sino una estrategia para fortalecer el control estatal de la operación en términos económicos y de seguridad ciudadana. Al digitalizar cada paso -desde la solicitud de baja hasta la venta del repuesto- se crea una cadena de trazabilidad casi inviolable. La sustitución de etiquetas físicas por códigos digitales únicos elimina un punto débil del sistema anterior, haciendo mucho más difícil la “legalización” de autopartes robadas.
Objetivos principales y su impacto
1. Combatir el delito: el objetivo más evidente es desarticular el mercado ilegal de autopartes, una de las principales causas del robo de automotores. Al permitir que las fuerzas de seguridad verifiquen en tiempo real la autenticidad de una pieza a través de su código digital, se ataca directamente la rentabilidad del delito. Según estadísticas, por día, en el primer y el segundo cordón de la provincia de Buenos Aires se roban en promedio 150 vehículos, de los cuales sólo aparecen no más de cinco unidades según dicha relación.
2. Reducir la burocracia y los costos: la eliminación de la renovación anual de inscripciones y la digitalización de documentos reduce la carga administrativa y los costos tanto para los comerciantes como para el Estado. Esto busca incentivar la formalidad y agilizar la actividad económica del sector.
3. Aumentar la seguridad jurídica y la transparencia: un registro público, digital y centralizado ofrece mayor transparencia sobre los operadores del mercado. Para el consumidor, esto se traduce en una mayor certeza sobre el origen lícito de los repuestos que adquiere.
Impacto en los actores involucrados
– Estado (DNRPA, fuerzas de seguridad): gana una herramienta de fiscalización y control mucho más potente y eficiente, permitiendo una supervisión en tiempo real y la generación de datos para políticas de seguridad.
– Desarmaderos y comerciantes: se enfrentan a una adaptación tecnológica obligatoria, pero a cambio obtienen una simplificación de trámites a largo plazo y reglas de juego más claras que protegen al comerciante legítimo frente a la competencia desleal.
– Aseguradoras: pasan a tener un rol activo en el control, actuando como un filtro al exigir el certificado de baja antes de indemnizar, cerrando así una posible vía de fraude.
– Ciudadanos. El principal beneficio es indirecto, pero crucial: una mayor seguridad pública al desincentivar el robo de vehículos y un mercado de repuestos más confiable.
Digitalización
En conclusión, el decreto 536/2025 utiliza la digitalización del proceso con tecnología como un catalizador para transformar un sistema anticuado con base analógica.
Busca resolver un problema de seguridad pública (el robo de autos) no sólo con más control policial, sino atacando la estructura económica que lo sostiene, al mismo tiempo que promueve la eficiencia y la transparencia en el sector.
Inconvenientes momentáneos de la implementación
Desde la fecha de la promulgación en el Boletín Oficial hasta ya avanzado algunos días de agosto, se produjo por parte de los registros una denegatoria y observación de tomar las bajas que no presentan el anexo A. No es clara la normativa, pero para algunos, al no recuperar las nuevas piezas, creen que no es necesario la presentación del anexo, mientras que para otros es una obligación. Este tema, como algunos otros puntos, está dilatando el cierre de los casos, pero entendemos que esto se solucionará en muy corto plazo ya que son adecuaciones que se deben implementar a tal fin.
Otro de los temas a tener en cuenta fue la digitalización de la firma y el nivel de incumbencia por parte del Colegio de Ingenieros en el proceso de certificación de una serie de piezas que deben poseer esta colegiatura para poder ser comercializadas.
Columna escrita por Marcelo Anduch, CEO y director del Grupo Mass Asistencia.